La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de casi 30 años de prisión contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por su responsabilidad como coautor mediato en el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos, ocurrido en 2014. El fallo marca un precedente clave en la lucha contra la impunidad en la política regional peruana.
La decisión también alcanza a otros implicados en la red criminal que, según las investigaciones del Ministerio Público, operaba desde el aparato estatal ancashino para eliminar a quienes representaban una amenaza a sus intereses. La Corte confirmó, además, una reparación civil en favor de los deudos, subrayando tanto la responsabilidad penal como moral de los sentenciados.
Este caso, considerado uno de los más emblemáticos de la corrupción violenta enquistada en el poder regional, revela la existencia de una estructura mafiosa que utilizó recursos públicos para silenciar voces incómodas. El crimen de Nolasco, quien había denunciado actos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash, expuso el grado de infiltración del crimen organizado en la gestión pública.
Para los familiares del exconsejero, la ratificación de la condena representa una forma de justicia después de más de una década de espera. Asimismo, refuerza la credibilidad del sistema judicial frente a procesos de alto perfil, donde históricamente ha predominado la impunidad.
En un país donde los crímenes políticos muchas veces han quedado sin sanción, este fallo es visto como un hito. La ciudadanía espera que sirva de advertencia a quienes aún creen que la violencia puede ser un instrumento de poder.
Reportero: Antonella Saavedra
Editor: Fernanda Acevedo